Desde la Feria Internacional Fitur, se promociona la idea no solo de que en República Dominicana se contemplan importantes proyectos en infraestructura turísticas y nuevos polos de desarrollo en esa área, sino que los mismos se podrán realizar mediante la articulación de la iniciativa pública-privada, a través de los contratos APP y los Fideicomisos, que estimulan la integración conjunta del sector privado y del Estado.
Atendiendo a esa estrategia, el gobierno ha integrado un cuerpo de funcionarios que vienen trabajando en la formulación del debido marco jurídico y los protocolos normativos que permitan viabilizar las diversas iniciativas público-privadas, asumiendo la sana inversión privada, nacional e internacional, y la buena defensa del interés nacional.
El país ha tenido una muy mala experiencia con los proyectos que ha emprendido bajo la fórmula de alianza público-privada. La experiencia de la carretera Santo Domingo-Samaná y su “peaje sombra”, fue el fracaso más notable y lesivo al interés nacional. Precisamente de esa estafa nos liberó el gobierno de Luis Abinader en un gesto de su voluntad de tomar decisiones más racionales y menos perjudiciales al interés nacional.

Por ese último motivo su gobierno debe poner especial atención a la transparencia y respeto al interés nacional, en las propuestas que se están trabajando en materia de los Fideicomisos y los APP, tales como son el “monorriel” para el trasporte de pasajeros en Santiago y la carretera del “Ámbar” entre Santiago y Puerto Plata.
En el primero llama la atención, si se confrontan las conclusiones del único estudio técnico científico que auspiciara el BID, el cual sugiere un plan integral basado en corredores troncales y rutas ali­mentadoras para buses y buses articulados, capaces de responder a una demanda inferior a los 3,000 pasajeros-hora y en el corredor de mayor demanda no supera los 1,399 pasajeros-hora, cuando la única ruta del monorriel a lo largo del corredor de la 27 de Febrero ofrece una capacidad sobreabundante de unos 20,000 pasajeros-hora en una sola dirección, con su consecuente sobre costo derivado de una inversión de unos 40 millones de dólares, frente a unos 3,5 millones de dólares que costaría toda la red de buses por los corredores y rutas alimentadoras. La relación costo beneficio hace irra­cional la alternativa del monorriel en comparación con la alternativa técnica de los buses, sugerida por el estudio del BID.
En cuanto a la carretera del “Ámbar” no se ve por el momento que tenga prioridad, luego de que el gobierno recientemente inaugurara las dos carre­teras que unen a Santiago con el Norte, en especial con Puerto Plata, al tiempo que para esta licitación no parece que se estén cumpliendo con los requerimientos de la debida planificación, estudios técnicos y los plazos que la Ley contempla para este tipo de contrato, por lo que se elevan las sospechas de eventuales condiciones lesivas al interés de la Nación.
El gobierno de Abinader debe cuidarse y ase­sorarse mejor en esto de las alianzas público-privadas, si es que quiere, como se manifiesta en su conducta, ser un estadista legatario de un ejemplo de presidente pionero en una gestión de gobierno propia de la cultura de la racionalidad occidental y de la institucionalidad democrática, ciñendo su comportamiento en el paradigma de un estadista civilista, ético, honrado y sano, tal como se proyecta.
¡Cuidado presidente: que no le dañen su legado!

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