OPINIÓN: Alerta presidente

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El actual gobierno se ha pro­puesto impulsar la inversión en grandes obras de infraestructura, bajo la estrategia de alianza público-privada. Esa estrategia no es nueva y se ha implementado en el país en diferentes fases de su evolución económica y política.

Dentro del marco de la doctrina económica neoliberal, las alianzas público-privadas han tomado un rumbo filosófico, no tanto para promover el desarrollo y mejorar la gestión público privada, sino como instrumento para obtener logros políticos tempranos y solventar las limitaciones de los presupuestos públicos. Así vimos como se impulsaron grandes proyectos de concesión de carretera como las de Viadom y Codacsa rescindidos con grandes pérdidas para el Estado, así como otros proyectos que se convirtieran en pesadas cargas para el erario como Cogentrix, Odebrecht y la Carretera Santo Domingo-Samaná y el Bulevar del Atlántico, éstos dos últimos aún vigentes.

Sobre estas últimas concesiones, las condiciones acordadas para favorecer a las empresas adjudicatarias, partieron del tecnicismo del Ingreso Mínimo Garantizado, que significa la estimación de un ingreso mínimo que garantiza el Estado, cubriendo los diversos costos y sobrecostos de las dos obras, incluyendo la construcción, operación y mante­nimiento, así como impuestos, servicio de la deuda y retribución de dividendos a los accionistas, incluyendo la inflación y tipo de cambio.

En esas condiciones todos los riesgos son de responsabilidad del Estado, al tiempo de que su construcción determina un costo total de las obras de US$ 264 millones, por la carretera Santo Domingo-Samaná; y de US$ 180 millones por el Bulevar del Atlántico, con un sobrecosto de un 70% y de un 46%, respectivamente.

Al finalizar el período de los contratos el Estado habría pagado por la carretera la suma de US$1,922 mi­llones y por el Bulevar US$1,269 millones. Si a esos valores finales se le resta lo producido por el peaje que en la realidad solo ha llegado al 25% del Ingreso Mínimo Garantizado en la carretera SD-Samaná y del  6% en el Bulevar, las obras llegarían a costar al final de los contratos la suma de US$ 1,500 millones por la carretera y US$ 1,130 millones por el Bulevar. Ante esta pesada carga sobre el Estado, la población dominicana no puede permanecer paciente e ignota viendo cómo los “buitres de la co­rrupción”  y del “capitalismo salvaje” devoran los escasos recursos que produce la nación.

Pero como si fuera poco, de decidir el Gobierno ponerle fin a los contratos como insinúan algunos, las condiciones acordadas les garantizan a las empresas compensaciones: por la carretera la suma de US$227.2 mi­llones;  y por el Bulevar la suma de US$ 215 millones.

Esas son las gravosas consecuencias de unos contratos APP que solo están técnica, económica y políticamente formulados para favorecer de forma injusta e inmisericorde a la corrupción y al abuso de poder de los que han instrumentado complejas fórmulas para la corrupción y la impunidad, refrendadas, además, por  el Congreso Nacional y organismos internacionales.

Ante esa dramática realidad es de toda necesidad que el Presidente, quien ha reafirmado su compromiso de luchar contra la impunidad y la corrupción, tenga sumo cuidado con eso de la alianza público-privada, que hasta ahora, y en el marco de la economía neoliberal, solo ha servido para agravar las condiciones de pobreza y sumisión de la nación dominicana. Estas fórmulas de alianza público-privadas pueden ser útiles en las circunstancias actuales, pero si no se estructuran correctamente pueden llegar a ser un mecanismo perverso de corrupción e ineficiencia.

¡Alerta, pues, presidente!

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