La próxima administración que encabezará Luis Abinader a partir del 16 de agosto, está dando claras señales de cómo se orientará desde el Gobierno, para enrumbar al país hacia el prometido “cambio” democrático.
Primero ha ido conformando un equipo de gobierno potencialmente preparado para echar hacia delante una administración basada en la meritocracia, sobre la bases de profesionales capaces y de un perfil social de clase media acomodada, con una mentalidad política sensibilizada con la eficiencia, la racionalidad del Estado y que favorece la vigencia de la ley y los procedimientos típicos de una burocracia racional.
En segundo lugar, se anuncia de antemano la refundación del Estado modificando, eliminando y refundiendo ciertas dependencias del Estado, que duplican funciones y cuya creación ha respondido a la estrategia clientelar asociada al liderazgo caudillista y autoritario que ha predominado en el ejercicio del poder político en el país.
Ambas líneas de trabajo hacen prever el inicio de un proceso de reforma del Estado, cuya claridad de miras debe partir del reconocimiento de las serias distorsiones que han desfigurado el rol del Estado y el rol del sector empresarial, haciendo cada vez más disfuncional esa relación fundamental para viabilizar el desarrollo dominicano sustentable y con equidad.
En efecto, con la desaparición del modelo caudillista de Trujillo, los sectores nacionales bajo la influencia de los EE.UU, se propusieron establecer un nuevo modelo de estado desarrollista basado en la iniciativa privada y la cooperación internacional, que permitiera la expansión de una nueva clase empresarial sustentadora del desarrollo y un Estado regulador e impulsor del sector privado.
Ese modelo se inició de forma efectiva y estable en la era de los 12 años del gobierno autoritario del Dr. Balaguer, donde se articulaban la iniciativa privada, el apoyo del Estado y la cooperación internacional dentro del contexto de la Alianza para el Progreso.
Con el cambio de gobierno del 1978, ese modelo desarrollista perdió coherencia como consecuencia de las nuevas fuerzas políticas gobernantes que desplazaron el balaguerismo, las cuales no pudieron coherenciar su base clasista, al tiempo de que para la época ya comenzaron a soplar los aires de la estrategia internacional de la globalización neoliberal, que iniciaron la modificación de los motores de la economía nacional: de una economía agraria y agroindustrial, se pasó a una economía financiera y de servicios.
Con la entrada en vigencia del modelo neoliberal a partir del 1996, cuando se inicia la era del PLD, el ejercicio de la política se hizo negocio y el empresario se vio en la obligación de subordinarse o asociarse al político-empresario, profundizándose con ello las distorsiones del conflicto de intereses, el tráfico de influencias, la corrupción y la impunidad, impuesta ésta última mediante la apropiación y control de todos los poderes del Estado de parte de la nueva clase gobernante emergente, por lo cual se debilitó la institucionalidad democrática y el estado de derecho.
En ese contexto el rol del Estado pasó a distorsionarse, como también se distorsionó la iniciativa privada, subordinándose a la acción de los empresarios estatistas. La corrección de esas distorsiones fundamentales, ha de ser la guía ética de la agenda pública que encabezará Luis Abinader.
¡Volvamos, pues, a los fundamentos del desarrollo capitalista!
