En la  anterior Administración el Poder Ejecutivo instruyó a los organismos financieros del Estado y al contralor general de la República certificar los contratos a favor de Alexis Medina Sánchez,   y al entonces ministro de Hacienda Donald Guerrero a colocar los fondos para el pago de los suplidores, detalla la acusación del Ministerio Público.
El expediente acusatorio explica que la principal fuente de corrupción de la alegada organización criminal dirigida por el   imputado del caso  Antipulpo Alexis Medina Sánchez,   fue la adulteración de todas las licitaciones  y que  en ningún caso su empresa fue seleccionada previamente a participar en el proceso; sin embargo, en todos los casos obtenía informaciones previas y la mayoría de las veces se ejecutaba el proceso sin tener las características que requería el procedimiento aplicado.

El órgano acusador  añade que la red utilizó a la Fuerza Aérea Dominicana para almacenar los equipos mecánicos del parque de diversión Wonder Island Park, operando en la actualidad en Punta Cana, lo que asegura constituye una penosa demostración de hasta dónde llegaba el poder del acusado y hasta dónde llegó el tráfico de influencia y el irrespeto hacia la referida institución castrense.
 Modus operandi
 Otro modus operandi del entramado, señala,  era la destitución de servidores públicos por ser correctos: en varias instituciones en las que operaban los miembros de la organización, fueron desvinculados  empleados que constituían obstáculo a su expansión económica.
“El Poder Ejecutivo instruyó a los organismos financieros del Estado y al Contralor a certificar los contratos, y al ministro de Hacienda, Donald Guerrero, a colocar los fondos para el pago a los suplidores”, dice el MP.
 El acusado Víctor Encarnación y el investigado Fernando Crisóstomo se encargaban de localizar los contratos y actuar de intermediarios entre los titulares de los contratos y los contratistas que iban a equipar, amplía.
De la investigación se desprende que las  acciones corruptas cometidas por la red  eran replicadas como si se tratase de una política estatal que era cumplida en toda la administración, a saber: licitaciones por urgencia, para tratar de dar apariencias líticas a procesos que no tenían validez real sino aparente, ya que los ganadores se escogían antes de iniciar la licitación; falsificaciones de documentos públicos como los relativos a la distribución de medicamentos de altos costos, conduces, cubicaciones adulteradas, sobrevaluaciones de hasta un 90%, sostiene el órgano acusador.

La Procuraduría Especializada de Persecución de  la Corrupción Administrativa (Pepca) dice que también se utilizaron testaferros, nóminas adulteradas para colocar como empleados a personas que debían reembolsar los fondos, a cambio de retener un porcentaje menor del salario.
El Pepca observa que cada acto de corrupción que se materializa produce efectos indeseables sobre la sociedad y la institucionalidad.
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“Las acciones corruptas cometidas por los acusados han impedido lograr objetivos de desarrollo establecidos por el Estado. La distorsión del proceso de decisión a favor de intereses particulares contamina el ambiente en el que se debe desarrollar la sociedad, en el que opera el sector privado y se desarrollan los proyectos nación”, dice para agregar que la corrupción aumenta los costos de adquisición de bienes y servicios públicos y privados, fomenta el irrespeto a la autoridad.
Acusados
De acuerdo al expediente, los acusados no solo obtuvieron fondos procedentes de los delitos de corrupción, como desfalco y enriquecimiento ilícito, sino que cometieron el delito de lavado de activos, con el propósito de esconder el origen ilícito de los fondos obtenidos.

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