ARTICULOS: Reforma y extinción

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Por Luís Pérez Casanova
La reforma que promueve el presidente Luis Abinader para independizar el Ministerio Público y el proyecto de ley de extinción de dominio no son dos caras de una misma moneda, pero se concatenan y complementan en sus objetivos de fortalecer la lucha contra la corrupción.
A pesar de la conveniencia de consolidar el sistema institucional y transferir al erario bienes ilícitos, las iniciativas, en lugar de una calurosa acogida, han encontrado un declarado o sutil rechazo en la oposición y hasta en sectores del oficialismo.
Como no sea su aporte a la institucionalidad que tanto se ha reclamado y necesita el país, el presidente Abinader nada gana con la reforma que, por el contrario, lo priva del control, como ahora, del Ministerio Público.
Conscientes de que el mandatario no tiene interés en convertir la instancia en el brazo judicial del poder político algunos líderes opositores han fundamentado su rechazo en las funciones consagradas en la Constitución o en la coyuntura social y económico. Pero que nadie crea en sensatez. Otros, que no saben más que repetir frases hechas, como la de que con la reforma se busca un traje a la medida, evidencian el mismo temor a la modificación constitucional que a la ley de extinción de dominio.
Cuando el PLD era amo y señor de las cámaras legislativas era impensable que sería aprobado un proyecto de ley que persigue retornar al erario bienes adquiridos a través de la corrupción o el lavado de activos. Pero la verdad es que no se esperaba, por más reservas que se pudieran tener, que los legisladores del PRM obrarían de la misma manera y por el mismo temor de que la sanción de la iniciativa sea como afilar cuchillo para su garganta. De no ser así hace tiempo que los senadores oficialistas han debido dar un ejemplo de integridad con la sanción de la espinosa pieza.
En su rendición de cuentas el 27 de febrero, Abinader volvió a expresar su respeto a la independencia de los poderes consagrados por la Constitución al proclamar que estaba de acuerdo con la ley de extinción de dominio, pero dejó claro que la aprobación competía al Congreso.
El PRM, que ha defendido con tanto calor la reforma constitucional en lo relativo al Ministerio Público, debería actuar de la misma manera con el proyecto para decomisar los bienes mal habidos, que, como se sabe, se corresponde con una iniciativa internacional para perseguir la corrupción y oxigenar las democracias.
Tal parece que los sectores que se levantaron contra la corrupción del pasado lo hagan también ahora para presionar a la oposición y el oficialismo con la aprobación de la ley de extinción de dominio y la consolidación del sistema institucional. No se puede esperar más.

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