ARTICULOS: El implacable Danilo Medina

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Por Marino Báez
mbaezjj@gmail.com
En materia de corrupción administrativa, República Dominicana sigue siendo el país con un nivel fuera de récords, dicha percepción se enmarca desde el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominica (PLD), organización política que siempre quiso enrostrarle al país «cirticarle lo bien hecho», cuando en realidad, la mayor parte de sus acciones estaban mal, superadas por los dos últimos períodos de gobiernos encabezados por Danilo Medina.

Con el apresamiento de un funcionario o ministro la procuraduría no cumple con justicia real las demandas de la sociedad en su conjunto, la cual exige la devolución de los bienes robados que generalmente se quedan en poder de los acusados después de cumplir privilegiadas condenas.

No han bastado los resultados anuales de Transparencia Internacional (TI) en cuanto al comportamiento de los países sobre el manejo de los recursos públicos, ni las investigaciones de prestigiosos periodistas, quienes desenmascaran a los políticos corruptos que han ocupados puestos en la administración pública.

Ahí están los resultados del 2020: RD ese año obtuvo una puntuación de 28 puntos de 100, ocupando el lugar 137 de 180 países, una pérdida de 2 puntos y 8 puestos en el ranking mundial con respecto al año 2018. Todavía en pleno 2021 se encuentra 15 puntos por debajo del promedio del continente americano (43 puntos promedio), confirmando que no existe avance alguno en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Los bienes incautados por corrupción a exfuncionarios, militares, entre otros allegados a los poderes del Estado, cuando se trate de recursos económicos o activos, como apartamentos, condominios, vehículos de lujos y terrenos, deben ser incautados en base a lo que devengaba dicho funcionario en la nómina pública y puesto en pública subasta a los fines de que sean invertidos en proyectos de desarrollo, no así distribuidos entre ONGs (Organizaciones no Gubernamentales) y o fundaciones que a final de cuenta no invierten dichos fondos para lo que son destinados.

No es casual que funcionarios y militares de alto rango estén vinculados a actos malsanos en la administración pública durante los períodos del PLD, hechos cometidos en complicidad con el expresidente Danilo Medina y otras células corruptas de cuello blanco que han servido como talón de Aquiles para hurtar al Estado con la fuerza del poder.

El hecho de que el Jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares del presidente, Danilo Medina, Cáceres Silvestre, estafara al Estado con más de RD$3,000,000, directa e indirectamente vincula al ex mandatario con sus decidías, porque este era su persona de confianza, por tanto, para que el Poder Judicial se case con la gloria y la sociedad le dispense confianza, el dinero que se robó y los bienes inmuebles obtenido deben ser incautados y puestos a disposición del Estado. Lo ideal es que sean depositados en una Cuenta Especial e invertidos en salud, educación, tecnología, entre otros proyectos que favorezcan a la sociedad.

Son muchos los involucrados y pocos los santificados por la cacería de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción Administrativa PEPCA). Este último se aprecia de tener un expediente que fulmina de pies a cabeza la moral de los hasta el momento vinculados en la estafa al Estado, algunos de ellos apresados mediante la Operación Antipulpo, Coral y Caracol.

El expresidente Danilo Medina fue implacable en cuanto al libertinaje de los Poderes del Estado y no fue capaz de detener el despilfarro ni siquiera en la puerta de su despacho, lo que para un buen entendedor pocos bastan las palabras, o sea, además de contribuir al enriquecimiento ilícito, se convirtió en el soporte unilateral para que se produjeran dichas fechorías, por lo que no sé lo que pasa con la Procuraduría que no echa mano al pulpo principal de la corrupción administrativa en nuestro país.

Los dominicanos protestan porque necesitan de emergencia estabilidad económica, política, social, sin violencia y sin corrupción, donde los servicios sociales sean estables. Esos logros no serán posibles con la puesta en marcha de una democracia rancia y carente de principios morales donde la complicidad es desmedida para manejar el país.

El PLD con sus poderes egocentristas, el entramado empresarial y los partidos de oposición sirvieron de catapulta para administrar a medias el Estado sin ningún aporte a la sociedad, a pesar de ser la más castigada con el pago de los impuestos. El país necesita cambio de rumbo.

El autor es escritor y periodista.
Reside en La Florida

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